Secretaría Nacional de Asistencia Social (SNAS) del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre - MDS (que durante el periodo 2019-2022 fue designado Ministerio de Ciudadanía – MC), a través de una estructura de gestión interfederativa del SUAS. El financiamiento es coparticipativo entre los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

Los estados y, sobre todo, municipios implementaran el DPDI a través de los CRAS o mediante alianzas con organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas en el Consejo de Asistencia Social. Los equipos multidisciplinarios a menudo involucran a trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales de diferentes áreas.

El Servicio fue instituido y regulado a partir de la Tipificación Nacional de Servicios de Asistencia Social, publicada el 11 de noviembre de 2009 y reeditada en 2014 ^1,2.

Todavía en funcionamiento.

Apoyo de asistencia social a través del monitoreo en el hogar. 

No hay.

60 años o más) que están viviendo situaciones de fragilidad en los lazos familiares o de participación social y que se encuentran sin acceso a los derechos de ciudadanía, con autonomía comprometida, o con un entorno familiar desprotegido.

El público prioritario del DPDI son las familias con presencia de:
I.    Personas beneficiarias del Beneficio de Provisión Continua (BPC); 
II.    Miembros de familias beneficiarias de programas de transferencia de ingresos; y
III.    Personas con un perfil elegible para los programas enumerados anteriormente, pero que aún no pueden ser beneficiarias.

No existe un objetivo específico vinculado a la cobertura del servicio y cada territorio define sus objetivos, de acuerdo con el tamaño y otros recursos materiales disponibles.

 

La principal ruta de acceso al DPDI es a través de la derivación después de la atención proporcionada por las propias CRAS u otros dispositivos del SUAS. El DPDI está orientado a cubrir a la población que se caracteriza por ser elegible para programas como PBF y BPC, aunque los equipos de asistencia social pueden definir la priorización de las personas beneficiadas considerando otras variables según su juicio más específico.

La inclusión de las personas beneficiadas en el DPDI puede ocurrir  por demanda espontánea (por ejemplo, recepción de demandas de personas que buscan las CRAS o centros referenciados) o activa (a través de visitas domiciliarias en áreas identificadas con mayor potencial para encontrar beneficiarios). Otras políticas públicas también pueden derivar a la población al DPDI.

Además de los criterios de enfoque mencionados, el DPDI es exclusivo para personas mayores y discapacitadas. Estos criterios son determinados a través de la autodeclaración realizada en el momento de la inscripción en el Registro Único, y validados instrumentalmente a través de visitas familiares que constituyen el núcleo del beneficio entregado por la iniciativa.

Existe un esfuerzo sistémico para inscribir al público potencial y a las personas beneficiadas por el DPDI en el Registro Único (aunque esto no es un requisito que necesariamente impida el acceso a la iniciativa de aquellos que no pueden estar inscritos en el Registro Único). Como el Registro Único está destinado a la población con un Ingreso Familiar Total de hasta 3 salarios mínimos (que en 2022 equivalía a R$ 1,212.00), esto termina siendo, en la práctica, un recorte de ingresos que también afecta el enfoque de la DPDI.

El Cadastro Único ayuda a los equipos de asistencia social a identificar un grupo de cobertura prioritario, cuyas características les dan elegibilidad para el PBF y el BPC. Sin embargo, la elegibilidad para el DPDI no está restringida a las personas elegibles para estos programas y los equipos de asistencia social pueden incluir a personas con otros perfiles de vulnerabilidad.

Más que una medida para solicitar y acceder al DPDI, la inscripción del público potencial en el Registro Único permite la derivación de estas personas a otras políticas a las que son elegibles. La información declarada al Registro Único es principalmente autodeclaratoria. El Cadastro Único realiza cruces anuales con otros registros administrativos para validar su información, la cual es autodeclarada por la población.

Los casos de inconsistencia señalados por estos cruces, no generan interrupción en el acceso a los servicios del SUAS tipificados a nivel nacional (aunque pueden afectar otros programas que con criterios más estrictos de ingresos y composición familiar, como PBF y BPC). En este contexto, la vinculación con el DPDI genera una oportunidad para realizar actualizaciones registrales de sus beneficiarios cuya información declarada puede ser cuestionada por cruces con otras bases de datos.     
 

Según el Censo SUAS CRAS, en agosto de 2021 la iniciativa atendió a un total de 77.319 personas (53.009 realizadas directamente vía CRAS, y otras 24.310 realizadas por la red acreditada). Más del 60% de estos servicios están dirigidos a personas mayores beneficiarias . El Registro Mensual de Servicio (RMA) CRAS 2022 no presenta una cantidad específica de este servicio.
•    Como base de referencia, vale la pena señalar que el Programa Bolsa Familia, por ejemplo, tiene una cobertura promedio de 14 millones de familias (40 millones de personas beneficiadas), y que su programa sustituto (Auxílio Brasil) aumentó esta cobertura a alrededor de 20 millones de familias (o 53 millones de personas beneficiadas)^3,4.
 

No existe una lista exhaustiva de todas las actividades que se pueden realizar como parte del DPDI, y hay suficiente libertad para que cada CRA y redes acreditadas actúen de acuerdo con sus capacidades específicas y la peculiaridad de las situaciones de vulnerabilidad que se encuentran en cada territorio. 
Sin embargo, existe un instrumento estructurado (el Plan de Desarrollo de Usuarios - PDU) que guía a los equipos de asistencia social a trabajar con las personas beneficiadas para identificar sus mayores desafíos, priorizar sus metas y apoyar a estas personas para obtener acceso a otros servicios y resolver otros desafíos de asistencia social necesarios para lograr las metas establecidas de manera consensuada en el PDU. 
Según el Censo SUAS de agosto de 2021, el 47,6% de las consultas se producen mensualmente, el 13,6% ocurre quincenalmente, el 7,5% ocurre semanalmente y otro 31,3% ocurre con otra periodicidad (que abarca tanto períodos más largos como visitas con periodicidad no regular, determinadas de acuerdo con una situación más específica).

Algunos tipos de actividades utilizadas por el Censo SUAS para monitorear el desempeño de las CRAS incluyen⁵:
•    Recibido en el domicilio de los usuarios (básicamente referido a un primer servicio en el que el equipo de asistencia social apoyará al beneficiario para reportar los desafíos que encuentre, con el fin de generar un registro que pueda ser un insumo para estrategias para enfrentar estas dificultades).
•    Elaboración del Plan de Desarrollo de Usuarios (PDU).
•    Visita domiciliaria para orientación y apoyo a la atención familiar en el hogar.
•    Rondas periódicas de diálogo con la familia en casa.
•    Reuniones territoriales periódicas con grupos multifamiliares.
•    Acciones de movilización para la ciudadanía en el territorio.
•    Difusión y fomento de la participación de los usuarios y sus familias en los consejos de control social.
•    Reuniones y encuentros periódicos con la red local para discutir casos/situaciones de usuarios del Servicio.
 

Servicios implementados principalmente en el domicilio de los beneficiarios, pero puede haber actividad colectiva realizada en CRAs u otros espacios públicos. 

La financiación del SUAS es compartida por los tres niveles de gobierno (Unión, estados y municipios). Los recursos se asignan en bloques y pisos, que tienen cierta flexibilidad para financiar las diversas iniciativas del SUAS (consulte el Policy Brief sobre financiamiento del SUAS). Aunque no encontramos información sobre el presupuesto total proveniente de cada nivel de gobierno, la siguiente tabla ilustra las ejecuciones presupuestarias del Gobierno Federal por acciones discrecionales de la Secretaría Nacional de Asistencia Social/ Fondo Nacional de Asistencia Social (SNAS/FNAS) entre 2002 y 2022 (en montos reales corregidos al 31 de diciembre de 2022). Estos valores abarcan todo el universo de servicios, programas, costeo de actividades de gestión e inversión del SUAS, por lo que no se refieren únicamente a los costos de DPDI.⁶

Ejecuciones presupuestarias federales con acciones discrecionales del SNAS/ FNAS entre 2002 y 2022 (en valores reales ajustados al 31 de diciembre de 2022)

Aunque no encontramos valores consolidados sobre los recursos específicamente dirigidos a la financiación de la DPDI, se asume que el Piso Básico Variable III – Equipos Volante (parte del Bloque Básico de Protección Social) es el más dirigido a la financiación de la DPDI. En 2022, el Gobierno Federal transfirió un total de R$ 23.827.360,55 a este Piso  (una cantidad correspondiente al 2% del total de gastos del Gobierno Federal específicamente dirigidos a los 12 servicios de asistencia social tipificados a nivel nacional por el SUAS ese año).

Un estudio académico cuasi-experimental señala que la implementación del SUAS generó expansión y mejora en la prestación de servicios, así como mejora de la capacidad administrativa a nivel municipal, incluso al controlar factores políticos específicos.⁷
Un estudio mixto a nivel nacional encargado por el MDS también encontró que, a pesar de las críticas a los niveles salariales, los equipos de asistencia social de las ACC no enfrentan mucha rotación en su composición.⁸ El estudio también identificó una percepción positiva de los usuarios, con un 81,4% destacando las colas de menos de 15 minutos, y un 70,9% clasificando a los empleados como atentos, dedicados y cualificados .
Sin embargo, no identificamos estudios sólidos sobre los impactos de DPDI de una manera más específica.

Los niños con discapacidades también son elegibles para la iniciativa y, según Censo SUAS de agosto de 2021, representan alrededor del 18% de los beneficiarios con discapacidades.⁹
 

Además de la orientación general de SUAS para empoderar a niñas y mujeres a través de sus diferentes servicios, incluyendo, por tanto, el DPDI, no existen aspectos específicos dirigidos a este público, ni la RMA aporta datos de cobertura o clasificación de actividades que permitan inferir un diferencial de género en su cobertura u orientación temática.

Sin embargo, vale la pena recordar que en Brasil, en la mayoría de los casos, a las mujeres se les impone el papel de cuidadoras familiares de enfermos, ancianos, niños y personas con discapacidad.
Así, la expectativa es que como externalidad del servicio exista un potencial para proteger y reducir la sobrecarga laboral de las mujeres cuidadoras, permitiéndoles desarrollar el autocuidado y desarrollar proyectos de vida personal.
 

Directrices y referencias para otras redes como la educación, la salud y la protección social de alta complejidad, que se producen de forma estructurada a partir del PDU. 

Las adaptaciones específicas del DPDI variaron mucho en cada contexto, dada la flexibilidad de los equipos estatales y municipales para adaptarse de acuerdo con las necesidades específicas de cada contexto. Sin embargo, hubo un conjunto de acciones más estructurantes con efecto en el SUAS en general, tales como:

•    Varios equipos municipales desarrollaron esfuerzos conjuntos voluntarios para apoyar la solicitud de Ayuda de Emergencia (AE) a través de la aplicación, aunque el SUAS no participó directamente en la AE.
•    El Gobierno Federal mantuvo los pagos de IgD-Bolsa incluso con la suspensión temporal de las responsabilidades del SUAS en apoyo del programa (y del propio programa PBF) en 2020 y gran parte de 2021.
•    El Gobierno Federal generó material didáctico con protocolos de servicio ante el reto de evitar aglomeraciones.

•    A través de la Ordenanza MC n° 369, de 29 de abril de 2020, el Gobierno Federal distribuyó 2.400 millones de reales al SUAS como crédito extraordinario distribuido de la siguiente manera entre los municipios con mayor prevalencia de ancianos, PCD, migrantes y personas sin hogar:
-    Se transfirieron R$ 9,1 millones a la internalización de migrantes y refugiados venezolanos;
-    158,1 millones de reales se destinaron a la compra de EPP para profesionales del SUAS que trabajan en primera línea, atendiendo, por ejemplo, a personas mayores, personas sin hogar y víctimas de violación de derechos;
-    Se transfirieron R$ 185,6 millones a la compra de alimentos de personas mayores y personas con discapacidad atendidas en la red del SUAS;
-    R$ 577,7 millones para el cofinanciamiento de acciones de asistencia social, de acuerdo a las necesidades de cada localidad frente a la pandemia.

•    A través de las Ordenanzas MC n° 378, de 7 de mayo de 2020, y MC n° 468, de 13 de agosto de 2020, también se transfirieron R$ 1.500 millones para: (a) la reorganización de actividades en unidades del SUAS; (b) la compra de otros artículos necesarios para hacer frente a la situación de emergencia; o (c) la expansión de las ofertas de asistencia social durante la pandemia. De estos:
-    1.000 millones de reales estaban destinados específicamente a reforzar las acciones básicas de protección social;
-    437,2 millones de reales se destinaron específicamente a reforzar las acciones especiales de protección social ^10,11,12. 

Además de la transferencia de fondos, el MDS publicó varias notas de orientación técnica sobre el trabajo en el contexto de la pandemia.